El fenómeno del botellón, como reunión de adolescentes en espacios públicos para beber desaforadamente todo tipo de alcoholes, y que desemboca en algaradas descontroladas, con ruido ensordecedor y suciedad desparramada, no tiene quien le regule. Además los problemas de orden público no faltan, siendo ejemplo terminal los recientes y
graves enfrentamientos de la juventud con la policía en el municipio de Pozuelo de Alcorcón.
El Estado sigue la política del avestruz, dejando en manos de las Comunidades Autónomas y Ayuntamientos la solución. Las Comunidades Autónomas en unos casos prohiben el consumo de alcohol en espacios públicos, en otros optan por habilitar “botellódromos”, y en otros “no saben, no contestan”. Los Ayuntamientos más osados aprueban Ordenanzas rigurosas y los mas prudentes dejan que los problemas se solventen por sí mismos.
1. De un lado, lo políticamente correcto impone creerse que los jóvenes son angelicales, que no van a pagar justos por pecadores, y que el botellón es una especie de manifestación expresiva. Por eso, los políticos no apoyan leyes u ordenanzas que puedan reportarles acusaciones de intolerantes.
2. De otro lado, lo jurídicamente correcto supone garantizar el respeto de los derechos de todos. El derecho de todo ciudadano a usar de los espacios públicos de forma tranquila. El derecho del contribuyente a que los servicios de urgencia sanitarios no se colapsen con adolescentes con exceso etílico. El derecho del viandante a no tropezar con un ciclomotor errático con jovencito ebrio. El derecho del vecino a no pisar vómito en su paseo. El derecho de los policías a no soportar bravocunadas de niñitos y niñitos. El derecho de los padres a no vivir en vilo mientras llega su hijo. El derecho de los padres a que el efecto de la manada no convierta a sus hijos en ambulatorios de pastillas, y en definitiva, el derecho del menor a que pueda disfrutar con arreglo a la riqueza de horizontes que ofrece el siglo XXI y no según los aquelarres del siglo XV.
3. La necesidad de actuar deriva de los fríos pero escalofriantes datos estadísticos:
- Sólo en Madrid, medio millón de jóvenes entre 15 y 19 años se emborrachan habitualmente los fines de semana.
- A los 11 años, el 3,5 % de los niños ha probado ya el alcohol.
- Entre los 14 y 18 años, 3 de cada 4 consumen alcohol. El 15 % todos los días. El 40 % se ha emborrachado alguna vez. El 28 % reconoce haber tenido algún problema por el consumo de alcohol (salud, riñas, conflictos familiares, peleas,…).
- Hacia los 15 años se producen los mayores incrementos en el consumo. Los mayores problemas de adicción se dan entre los 25 y 35 años.
– El alcohol se lleva el 16 % del gasto sanitario.
4. Por ello, el fenómeno del “botellón” debe tener respuesta uniforme y no dejar que cada Ayuntamiento o Comunidad Autónoma actúe como le venga en gana. No se entiende que en Asturias esté prohibida la venta del alcohol a menores de 16 y que la edad exigida en el resto de las Comunidades se cifre en los 18. No puede ser indiferente que en Extremadura se prohiba el consumo de alcohol en espacios públicos y que en algunos municipios de Andalucía se habilite un botellódromo para tales orgías etílicas.
Está en juego nada menos que la educación de la juventud, la seguridad pública y la gestión sanitaria, y por ello, las reglas deben ser uniformes en todo el Estado. Está comprobado que cuanto mas pequeño el Ayuntamiento o la Comunidad menores ganas tiene para adoptar medidas impopulares que controlen el fenómeno.
5. Especialmente certera es la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de 29/10/2001 (rec.949/1998) que condena la inactividad del Ayuntamiento de Sevilla en la adopción de medidas contra el “botellón” y le obliga a adoptar las medidas que impidan el consumo de bebidas alcohólicas fuera de los establecimientos, la utilización de aparatos musicales que sobrepasen los límites de emisión permitidos, facilitando la libre circulación de los vecinos.
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