lunes, 26 de marzo de 2012

Ley de Transparencia y Buen Gobierno.

El pasado viernes,se aprobó la denominada Ley de Transparencia y Buen Gobierno, una norma que obligará a las administraciones públicas a hacer accesibles todos sus contratos, subvenciones, convenios y sueldos públicos. España se sube así al carro de la información accesible y deja de ser el único país europeo con más de un millón de habitantes que no contaba con una ley para acabar con la opacidad en la gestión pública. Con la aplicación de esta Ley cada ministerio y cada dirección general deberá dar a conocer todos sus contratos, cómo se gastan el dinero, con qué organigrama trabajan y qué salarios perciben los integrantes de su equipo directivo. Toda la información estará en los sitios webs de cada ministerio y también se encontrará, centralizada, en un portal de la transparencia. Actualmente, todos esos datos no son secretos en España, pero la mayoría se publican de forma farragosa, llegan solo hasta el Congreso o son difíciles de consultar, en el caso de los sueldos, hasta ahora solo se hacían públicos los de los ministros. La importancia de la Ley descansa en tres grandes compromisos, el primero es el de la publicidad activa: esto es, toda esa información que se va a publicar en el portal de la transparencia sin necesidad de que nadie la pida, el segundo compromiso consiste en establecer lo que han llamado el libre acceso a la información, el derecho a obtener esos datos, así las Administraciones estarán obligadas a contestar cuando un ciudadano reclame conocer el uso de un dinero público, por ejemplo. Por último se establece la norma del “buen gobierno”, donde se incluirán las sanciones que anunció en su día el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, para los malos gestores de cuentas públicas.

Enhorabuena al Gobierno por la iniciativa ya que se trata de una buena noticias para todos, un importante avance en derechos democráticos, especialmente allí donde la opacidad del momento ha permitido que se utilicen la propiedad colectiva como una propiedad privada más.

NOTA: La presente crónica se ha extraido de la información facilitada por El Pais, en la noticia reseñada.

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