La alimentación, la salud, la vivienda, el trabajo, la educación y el agua son derechos reconocidos desde 1948 en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y desde 1966 en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. El Estado español está obligado a respetarlos, protegerlos, y hacer que sean realidad para todas las personas. Esto significa que cuando se vulneran, las víctimas deberían poder reclamarlos, incluso ante la justicia. Algo que hoy, en España, muchas veces es ilusorio.
Experimentar indefensión, discriminación o pobreza no es una historia que afecte “a otras personas”. En el Estado Español aproximadamente el 22 por ciento de la población está en riesgo de pobreza, con tendencia a incrementarse en un contexto de crisis económica. Estas cifras engloban no sólo a personas que no cuentan con un empleo, sino también a aquéllas cuyos empleos no les han librado de la pobreza.
Los derechos humanos no son un lujo que deba abandonarse en tiempos de crisis económica, si no que deben ser una prioridad si se pretende que la recuperación económica sea sólida y sostenible. Las obligaciones de los Estados ni se extinguen, ni se atenúan en momentos de recesión económica.
La vivienda y la salud son un derecho humano
Todas las personas tienen derecho a una vivienda adecuada. Sin embargo, este derecho se vulnera cada vez que se ordena un desalojo sin las debidas garantías. Por todo el territorio del Estado hay familias que pierden su hogar, sus raíces, sus medios de vida, por la acción de las administraciones públicas. Los desalojos que se realizan sin informar previamente, sin permitir que las personas participen en las decisiones o sin ofrecer alojamientos alternativos, constituyen desalojos forzosos, prohibidos por el derecho internacional. Son violaciones graves de los derechos humanos.
Toda persona tiene derecho a disfrutar del más alto nivel posible de salud física y mental. Esto tampoco es una realidad para miles de personas que padecen enfermedades mentales. Los recursos públicos en salud mental son limitados y encontrar un diagnóstico o tratamiento oportunos presenta enormes dificultades. Para algunas personas que padecen estas enfermedades, el contacto con las autoridades se reduce a la contención policial. Se están violando sus derechos humanos.
Por otro lado, no toda la población española está cubierta por asistencia sanitaria gratuita en España. En 2009, entre 90.000 y 180.000 personas carecían de cobertura asistencial sanitaria pública por no recibir ningún tipo de prestación por desempleo, o por no haber trabajado nunca. Una cifra que podría haberse incrementado con la actual crisis económica.
La importancia de la información, la participación y el respaldo jurídico
Para exigir y hacer valer los derechos económicos, sociales y culturales, como son la vivienda o la salud, es necesario garantizar el derecho a participar, a asociarse, a expresarse, a acceder a información sobre los derechos y las vías para ejercerlos, a promoverlos y a reclamarlos. La falta de información afecta al derecho de las personas y asociaciones a participar en las decisiones que los afectan.
Un lenguaje excesivamente técnico u opaco puede provocar exclusión. Para ciertos grupos de población, la posibilidad de acceder a información puede ser aún más remota. En todos los casos, las mujeres sobre las que concurren factores múltiples de vulnerabilidad social y discriminación, encuentran obstáculos aún mayores.
Esta falta de información sigue contribuyendo a que cientos de miles de personas no puedan salir de la pobreza. La información es el primer peldaño para exigir derechos humanos. La falta de información incrementa los obstáculos para exigirlos.
Los derechos económicos, sociales y culturales no están suficientemente garantizados en la ley, ni amparados por la justicia de manera adecuada. Ni siquiera la Constitución los protege plenamente.
A pesar de que la Constitución los considera meros principios rectores de la política social y económica y no verdaderos derechos humanos, las legislaciones que desarrollan estos derechos pueden y deben incrementar su respeto, protección y realización. La salud, la vivienda o el agua no son derechos menores, tienen el mismo peso legal y merecen un respaldo jurídico adecuado, como han venido advirtiendo diversos organismos internacionales.
Articulo de www.actuaconamnistia.org
Me parece muy interesante las reflexión que se hace ya que pone la mirada en una de las grandes falacias de los últimos tiempos: considerar que el despliegue del Estado de Bienestar es algo parecido a un lujo “tendremos el que nos podamos pagar”, sin tener en cuenta que ha sido consolidado mediante leyes que garantizan derechos, que se paga entre todos y que supone una formula de propiedad colectiva indispensable para aquellos que no disponen de nada más.
ResponderEliminarUno de los mayores esperpentos de los desalojos de viviendas es que pasan a engrosar una lista de cementerio de inmuebles sin ninguna salida en el mercado y que acaban incrementando el pasivo de las entidades bancarias y haciendo crecer la inestabilidad económica..
ResponderEliminar