Una madre y su hijo, ambos en silla de ruedas, y un niño con parálisis cerebral se encadenan a las puertas de la sede de Bienestar Social en Alicante para exigir los atrasos de la prestación que contempla la ley
Llanos Rodríguez y su hijo Ulises llegaron ayer a las once en su silla de ruedas al edificio Prop. Él tiene 21 años y sufre una distrofia muscular progresiva desde los 12. Su madre tiene polio y aunque dice que a veces anda con ayuda de un bastón, últimamente se encuentra peor y tampoco puede caminar. Viven solos con una prestación de 597 euros, insuficiente, aseguran, para llegar a fin de mes. Ayer se encadenaron a las puertas de las dependencias de la Conselleria de Bienestar Social en Alicante para exigir que la Generalitat les abone los atrasos de la prestación de dependencia que les aprobaron en febrero. Una prestación concedida a Ulises, reconocido como gran dependiente ya que necesita una atención permanente para todas las actividades de la vida diaria, atención que recae en un cuidador no profesional porque Llanos, con una discapacidad del 83%, no puede ocuparse personalmente. "Nos deben 13.416 euros", dice Llanos, correspondientes a los atrasos de 2 años desde que presentaron la solicitud de reconocimiento de dependencia de Ulises, el 27 de mayo de 2007. Sin embargo, la Conselleria "sólo nos ha reconocido la retroactividad del último año, que son 6.516 euros, pero que tampoco nos han pagado aún".
Como en otros muchos casos de personas que solicitaron la prestación tras la aprobación de la ley de Dependencia en diciembre de 2006, Ulises no ha empezado a cobrar hasta dos años y medio después de hacer la solicitud. Pidió la ayuda en mayo de 2007. Un año después se le reconoció como gran dependiente y, un año después, en mayo de 2009, le reconocieron la prestación, pero no empezó a cobrar hasta noviembre, todo ello sin retroactividad. Tras recurrir, y presentar una queja ante el Síndic de Greuges, la conselleria reconoció el pasado 3 de febrero un año de atrasos "que todavía no nos han pagado", dijo Llanos. Hartos de esperar y tras presentar una demanda Contencioso-administrativa en el TSJ que ya reconoció la retroactividad en un caso similar, Llanos y Ulises han optado por llamar la atención públicamente atándose a las puertas del edificio Prop.
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