La Sindicatura de Cuentas acaba de hacer oficial lo que ya era un secreto a voces: que la Generalitat Valenciana concede tarde y mal las ayudas a las personas dependientes. A continuación la transcripción de la noticia aparecida en el diario Levante como regalo del segundo dia de Navidad. Increible el contenido de la información del diario valenciano. Para colmo de todos los colmos, el auditor público advierte que las irregularidades de la Generalitat podrían acarrear la devolución del dinero por parte de los beneficiario, lo que nos faltaba, bueno lo que les faltaba a los dependientes valencianos, después de esto ya solo queda que los citen en la sede de la Consellería y alguien se encargue de dales una paliza, pero bueno vamos con la transcripción de la noticia.
Bienestar Social concedió prestaciones en 2009 sin comprobar si los beneficiarios cumplían los requisitos - En su informe anual sobre la gestión del Consell, la Sindicatura detalla con luz y taquígrafo cuáles fueron las principales irregularidades del Ejecutivo de Camps a la hora de otorgar las prestaciones en 2009. Y no son pocas. En apenas cinco párrafos, el auditor público pone en tela de juicio los métodos empleados y el tiempo que tarda la Generalitat en hacer efectivas esas ayudas.
"En nueve de los expedientes revisados no consta el dictamen técnico referente al diagnóstico y nivel de dependencia, previsto en el artículo 7 del Decreto 171/2007", reza el documento. Es decir, que Bienestar Social concedió prestaciones sin tan siquiera elaborar el preceptivo informe. Los errores van más allá. El auditor público incluso destaca que los fallos del Consell a la hora de asignar los fondos podrían acarrear que algunos beneficiarios se vean obligados a devolver el dinero. "En diciembre de 2009 se han reconocido algunas ayudas sin comprobarse el cumplimiento de todos los requisitos previos en la orden reguladora, lo que puede determinar actuaciones de posibles reintegros", agrega el informe. El problema ya no es sólo el posible reembolso, que también, sino que se concedieron prestaciones sin determinar si los adjudicatarios cumplían los parámetros que marca la ley.
La tercera irregularidad manifiesta era de sobra conocida. Ahora, sin embargo, ya se ha hecho oficial que la Generalitat tarda más de la cuenta en abonar las ayudas. "En los expedientes analizados se incumple el plazo de resolución de seis meses establecido en el artículo 10 del Decreto 171/2007, así como del plazo de aprobación y notificación del Programa Individual de Atención (PIA) previsto en la Orden del 5 de diciembre de 2007 de la Conselleria de Bienestar Social".
Bienestar Social concedió prestaciones en 2009 sin comprobar si los beneficiarios cumplían los requisitos - En su informe anual sobre la gestión del Consell, la Sindicatura detalla con luz y taquígrafo cuáles fueron las principales irregularidades del Ejecutivo de Camps a la hora de otorgar las prestaciones en 2009. Y no son pocas. En apenas cinco párrafos, el auditor público pone en tela de juicio los métodos empleados y el tiempo que tarda la Generalitat en hacer efectivas esas ayudas.
"En nueve de los expedientes revisados no consta el dictamen técnico referente al diagnóstico y nivel de dependencia, previsto en el artículo 7 del Decreto 171/2007", reza el documento. Es decir, que Bienestar Social concedió prestaciones sin tan siquiera elaborar el preceptivo informe. Los errores van más allá. El auditor público incluso destaca que los fallos del Consell a la hora de asignar los fondos podrían acarrear que algunos beneficiarios se vean obligados a devolver el dinero. "En diciembre de 2009 se han reconocido algunas ayudas sin comprobarse el cumplimiento de todos los requisitos previos en la orden reguladora, lo que puede determinar actuaciones de posibles reintegros", agrega el informe. El problema ya no es sólo el posible reembolso, que también, sino que se concedieron prestaciones sin determinar si los adjudicatarios cumplían los parámetros que marca la ley.
La tercera irregularidad manifiesta era de sobra conocida. Ahora, sin embargo, ya se ha hecho oficial que la Generalitat tarda más de la cuenta en abonar las ayudas. "En los expedientes analizados se incumple el plazo de resolución de seis meses establecido en el artículo 10 del Decreto 171/2007, así como del plazo de aprobación y notificación del Programa Individual de Atención (PIA) previsto en la Orden del 5 de diciembre de 2007 de la Conselleria de Bienestar Social".
...y de todo esto, la culpa ya sabemos quien la tiene, por supuesto, Zapatero.
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