A golpe de sentencia

No es que la justicia española ande muy fina en los últimos tiempos, a pesar de lo cual la cerrazón de los dirigentes valencianos se ha llevado una nueva reprimenda por vulnerar los derechos de las personas dependientes, ya que ´los magistrados de la sección quinta de la sala de lo contencioso-administrativo del TSJ-CV han dictado la primera sentencia autonómica en la que se reconoce a una afectada severa el derecho a cobrar la prestación de la dependencia del cuidador familiar desde el día de presentación de la solicitud, no desde la fecha de la resolución administrativa que le autorizaba al cobro de la ayuda, que llegó quince meses más tarde.

El fallo judicial es un garrotazo más a la política de la Conselleria de Bienestar Social de denegar sistemáticamente las peticiones de aplicación retroactiva del derechos a percibir una prestación que reconoce la Ley de la Dependencia.El pronunciamiento judicial desautoriza, a su vez, dos normativas legales de la Generalitat Valenciana: el decreto 171/2007 del Consell y el artículo 21 de la orden de 5 de diciembre de 2007 de la Conselleria de Bienestar Social que establecen "una fecha de efectos del derecho posterior a la fijada en la disposición final primera de la ley 39/2006 (de la dependencia)", según se recoge en los fundamentos de derecho.El tribunal argumenta su decisión al observar que "la persona dependiente ya era beneficiaria de los servicios contemplados en la ley con anterioridad incluso a la fecha de presentación de la solicitud". De hecho, a María Emilia Martín Gil, de 38 años, se le reconoció una situación de dependencia en grado 3 y nivel 2 -la máxima-, ya que tiene una discapacidad de un 90% y un retraso mental severo por parálisis cerebral por sufrimiento fetal perinatal.Detrás de este resultado final está la persistencia y el coraje de Diego Martín Gil, de 32 años, hermano de Emilia, que tras agotar la vía administrativa que concluyó con la denegación del derecho por parte del entonces conseller de Bienestar Social Juan Cotino se arriesgó a acudir a los tribunales para plantear su reivindicación.

Sería interesante recoger, ahora, las opiniones de los máximos responsables de la Consellería de Bienestar acerca del resultado de una sentencia que pone en evidencia el escaso interés que demuestran los dirigentes valencianos por atender las necesidades reales de aquellos que tienen problemas graves y que además deben realizar un esfuerzo añadido para que les sean reconocidos sus derechos, ya les vale...