Hoy leemos que el Tribunal de Cuentas ha incluido en su plan de fiscalizaciones para 2010 el sistema de ayuda a la dependencia, y ello porque, en el momento actual, se saben dos cosas: 1) que nadie sabe cuánto se gastan las Comunidades Autónomas en dependencia; y 2) que nadie sabe a qué fines las Comunidades Autónomas aplican los fondos estatales que reciben.
La noticia debe alegrarnos por cuanto supone que un órgano imparcial y no cuestionado (el Tribunal de Cuentas) aclare la maraña en que algunas Comunidades han convertido la aplicación de la ley. Partamos de que la creación del Sistema para la Autonomía y Ayuda a la Dependencia (SAAD) constituye el balance más destacable de los años de gobierno de Rodríguez Zapatero, y ha completado el sistema de bienestar que se inició en los años 80, además de constituir un yacimiento de empleo de innegable proyección futura; para algunas comunidades como la valenciana, constituiría una alternativa de crecimiento mucho más racional y sostenible que la inmobiliaria.
La aplicación de la Ley de Dependencia ha estado marcada por los permanentes ataques desde el Partido Popular, cuyos gobiernos regionales son los que más fondos reciben (por el factor población) y que, en cambio, figuran a la cola en nivel de aplicación de la ley. La guinda la puso la consellera Angélica Such en unas declaraciones en que acusó al gobierno de España de no aportar fondos suficientes en comparación con los que aporta la Generalidad: acusación matemáticamente imposible, pues en la aplicación de la ley rige la fórmula del copago en el nivel complementario y el pago entero estatal en el nivel básico.
Las cuentas de Such sólo son posibles si aplica el “método contable Blasco”, es decir, sumar lo que le dé la gana: si Blasco cuenta en la integración de inmigrantes la asistencia sanitaria a extranjeros británicos y alemanes, Such debe computar en dependencia todo gasto en discapacidad que realiza la conselleria. Razón más que sobrada para exigir la dimisión de una consellera que aún no se ha enterado de lo que es la dependencia.
A la vista de las cuentas que fiscalice el Tribunal, sabremos al menos la realidad contable. Con las cifras claras, un debate sobre políticas sociales puede ser más transparente y, seguramente, deje sin argumento a mucha de la retórica victimista que utiliza el Partido Popular.
La fiscalización cierne una sombra mucho mayor: el posible descubrimiento de que los fondos destinados a la dependencia hayan ido a parar a otros fines, y también a otras manos, eso sí, también dependientes: las manos de los dependientes de los fondos públicos, y que los han recibido estos años a espuertas. Si las leyendas urbanas que circulan son ciertas, al Partido Popular de la Comunidad Valenciana se le estaría avecinando un nuevo marrón. Aunque, mientras tanto, seguirán pidiendo más dinero a Rodríguez Zapatero.
Vamos a ver si lo he entendido bien, quieres decir que además de defraudar a todos los valencianos con una gestión nefasta de la dependencia, permitir que se mueran los solicitantes sin tener las prestaciones que la ley les garantiza y de tardar más de dos años en dar respuesta, además ¿alguién está metiendo la mano en el cajón de la dependencia?, vamos si es así es para salir corriendo y no parar, .... por lo menos nos quedan espacios de libertad y denuncia como este blog en el que podemos descubrir cosas que en los medios oficiales dificilmente aparecen. Gracias por la claridad de tus análisi Atticus es un placer la lectura de tus reflexiones.
ResponderEliminarMagnífica noticia, pero en esta nuestra Comunidad, el PP no quiere.
ResponderEliminar"Desesperada", solo me hago eco de ciertos comentarios de gente bien informada. E imagino que al Tribunal de Cuentas también le habrán llegado. Y Miranda, si te refieres a que en la CV el PP no quiere fiscalización de cuentas, pues quiera o no quiera la va a tener, ya que el Tribunal de Cuentas es un órgano estatal, no autonómico, y desde luego ya que la Generalidad Valenciana está manejando fondos estatales, pues tiene obligación de rendir cuentas.
ResponderEliminarAl Tribunal, y a todos los ciudadanos.