Ya adelantábamos en este blog, la preocupación por lo que estaba pasando en los Puntos de Encuentro, con FAVIDE a la cabeza, y en algunos con subcontratas a organizaciones próximas al PP. Por fin, la Fiscalía Provincial de Valencia ha abierto diligencias para investigar que está pasando (información de Levante día 15 de Marzo). Es preocupante el entramado partidista de todo esto , pero es mas alarmante lo que dentro de los Puntos de Encuentro está sucediendo. Hay una Ley publicada, pero como es norma del gobierno del Sr. Camps, no se aplica; ningún estamento de la Administración Autonómica lleva el seguimiento de las prácticas que en ellos se dan. La indefensión de los menores es tal, que algún que otro niño/a está siendo atendido por servicios de psiquiatría infantil, por el cuadro ansioso que les ha generado el tener que acudir a este servicio.
La ley es clara. El objetivo de la misma es la protección del menor. ¿Por qué no se hace? ¿Cómo se contrata al personal de los Puntos de Encuentro? ¿Qué experiencia, qué metodología educativa ponen en práctica? ¿Los servicios sociales municipales pueden mantener seguimiento de las familias que usan este servicio, y en el caso que así sea, pueden intervenir?.
En cualquier caso me parece estupendo la investigación de la Fiscalía. Un servicio de estas características, no puede estar fuera del ámbito de lo público. Se pone nuevamente de manifiesto la nula sensibilidad que este gobierno autonómico tiene en el ámbito del Bienestar Social. No solo lo que pasa en los PEs es representativo de las políticas sociales del PP, sino también tendría que investigar la Fiscalía las condiciones de los recursos para menores, y los expedientes de protección que se encuentran bloqueados en las dependencias de la Consellería de Bienestar Social.
Eso sí, al parecer el programa estrella del Conseller Cotino, son los comedores sociales. De ahí al cielo.
La ley es clara. El objetivo de la misma es la protección del menor. ¿Por qué no se hace? ¿Cómo se contrata al personal de los Puntos de Encuentro? ¿Qué experiencia, qué metodología educativa ponen en práctica? ¿Los servicios sociales municipales pueden mantener seguimiento de las familias que usan este servicio, y en el caso que así sea, pueden intervenir?.
En cualquier caso me parece estupendo la investigación de la Fiscalía. Un servicio de estas características, no puede estar fuera del ámbito de lo público. Se pone nuevamente de manifiesto la nula sensibilidad que este gobierno autonómico tiene en el ámbito del Bienestar Social. No solo lo que pasa en los PEs es representativo de las políticas sociales del PP, sino también tendría que investigar la Fiscalía las condiciones de los recursos para menores, y los expedientes de protección que se encuentran bloqueados en las dependencias de la Consellería de Bienestar Social.
Eso sí, al parecer el programa estrella del Conseller Cotino, son los comedores sociales. De ahí al cielo.
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