LEY DE DEPENDENCIA. ALGUNOS DATOS

En la tarea de “ofrecer servicios”, queremos hacer una sugerencia que puede ayudar en el debate suscitado acerca de la eficacia en la gestión de la Ley de la Dependencia por el Gobierno Valenciano. Al igual que en el popular anuncio, “el algodón no engaña”, los datos oficiales también son nítidos y clarificadores, especialmente porque son una fuente estable ofrecida por el Ministerio y sobre todo porque las cifras que se muestran las han facilitado las propias Comunidades y por tanto no ha lugar a desconfiar acerca de su posible manipulación. Una mirada al último de los estadillos nos ofrece datos sumamente inquietantes para la Comunidad Valenciana. Una primera cuestión a considerar es el escaso interés que ha suscitado una Ley tan importante como esta entre la población valenciana, mientras que la media estatal de solicitudes, en relación a la población total, se encuentra en el 1,62%, las realizadas en Valencia están muy por debajo, concretamente el 0,70’%, señal inequívoca de que algo está fallando en la difusión y sensibilización acerca de la importancia de la Ley. Estos datos no hablan muy bien de la Conselleria de Bienestar Social, responsable de la implantación de las distintas prestaciones y por tanto de la información a los posibles dependientes. Otro dato a considerar es el que hace referencia al número de demandas resueltas. Según los dictámenes existentes a fecha de hoy, en el conjunto del Estado Español, se ha dado respuestas a un 1,32% del total de la población, mientras que en la Comunidad Valenciana únicamente se ha podido llegar hasta el O,60%. Una vez más los datos nos sitúan en la cola en cuanto a la eficacia e implicación del Gobierno Autonómico a la hora de poner en marcha esta importante prestación social. Pero existen más elementos para la preocupación; si analizamos el apartado de prestaciones reconocidas en el último balance, perteneciente al mes de enero de 2009, nos indica que el Servicio de Teleasistencia, lo tiene reconocido, entre otros, 8.559 dependientes andaluces o 2.008 del País Vasco, en la Comunidad Valenciana, la cifra que aparece en este mismo casillero es O. También son destacables las cifras referidas al Servicio de Ayuda a Domicilio, la comparación es igualmente negativa para la Consejería de Bienestar Social que reconoce no haber concedido ninguna, es decir, O otra vez, mientras que, por poner algún ejemplo, Andalucía ha reconocido 24.801, El País Vasco 4.384 y Cataluña cerca de 3.000.

En el único apartado en el que la Comunidad Valenciana se encuentra por encima de la media estatal, es el que hace referencia a los centros residenciales, circunstancia que hace pensar acerca de una gestión cautiva de aquellos dependientes que ya estaban atendidos en residencias públicas a los que de oficio se les ha tramitado un servicio del cual ya se estaban beneficiando, mientras que las familias que siguen con el problema y realmente lo necesitan continúan sin recibir una respuesta enormemente necesaria.

Datos como los que estamos comentando pueden dar lugar a diferentes reflexiones técnicas pero evidentemente hablan de una enorme incapacidad por el equipo responsable de desarrollar una ley en la Comunidad Valenciana. Esta situación se ha venido denunciando por diferentes plataformas, manifestaciones en la calle, repulsa de sindicatos y colegios profesionales, ¿qué más tiene que pasar para que la Ley se cumpla? Yo tengo un amigo que dice lo siguiente: "si yo me salto un semáforo o dejo de pagar un impuesto tengo unas consecuencias negativas, me sancionan, o me embargan... y en cambio ¿ si un Gobierno se salta todos los semáforos en rojo, y deja de cumplir sus obligaciones no ocurre nada...?" Sinceramente, no resulta fácil ofrecer una respuesta a la pregunta.