Después de este periodo vacacional y ya casi finalizando la cuesta de Enero, habiendo pasado por las rebajas y siguiendo con preocupación e indignación la guerra en Gaza, me dispongo a reflexionar en voz alta sobre la situación de los Puntos de Encuentro.
Como sabéis se hizo la Ley 13/2008 de 8 de Octubre, por la que éstos quedaban regulados. Si tenéis ocasión de echarle un vistazo, hace bastante hincapié, en que la citada ley (que a su vez menciona el art. 39.1 de la Constitución Española; el art.94 del Código civil entre otros), nace con la vocación de establecer y/o regular espacios en los que se facilitará el cumplimiento de régimen de visitas como un derecho del menor; proporcionar orientación profesional; velar por la seguridad y el bienestar físico etc. del menor...
El texto recoge con bastante claridad los principios, finalidad y objetivos, pero cuando se conoce el funcionamiento de alguno de estos servicios, aparece de nuevo la distancia entre las palabras y los hechos. Considero que un centro de estas características, no debería ser subcontratado y por lo tanto, los equipos profesionales tendrían que estar sujetos a la Ley de Función Pública. Recordemos, que atienden sentencias judiciales; que en ocasiones (por no decir siempre) hay conflicto entre los progenitores que allí acuden; que además pueden haber órdenes de alejamiento, y que -lo más importante- los menores están en medio. Desconozco si estos servicios están sujetos a algún tipo de inspección o de control, pero no sé porqué ¿o quizás sí?, cada uno hace lo que considera, quiere o puede. Me parece que no existen criterios metodológicos, educativos y psicológicos que los articulen y hagan de éstos unos centros de referencia.
Vuelvo a repetir que esta breve reflexión puede ser fruto de mi desconocimiento, o no. Pero si alguien te dice que desde un Punto de Encuentro, le sugieren que vaya a rezar a la Virgen de Desamparados porque su situación es compleja. O a un niño, en tono jocoso le dicen que se porte bien o se irá con su papá, habiendo maltrato de por medio, a lo mejor entendéis estas elucubraciones una tarde de viento invernal.
Como sabéis se hizo la Ley 13/2008 de 8 de Octubre, por la que éstos quedaban regulados. Si tenéis ocasión de echarle un vistazo, hace bastante hincapié, en que la citada ley (que a su vez menciona el art. 39.1 de la Constitución Española; el art.94 del Código civil entre otros), nace con la vocación de establecer y/o regular espacios en los que se facilitará el cumplimiento de régimen de visitas como un derecho del menor; proporcionar orientación profesional; velar por la seguridad y el bienestar físico etc. del menor...
El texto recoge con bastante claridad los principios, finalidad y objetivos, pero cuando se conoce el funcionamiento de alguno de estos servicios, aparece de nuevo la distancia entre las palabras y los hechos. Considero que un centro de estas características, no debería ser subcontratado y por lo tanto, los equipos profesionales tendrían que estar sujetos a la Ley de Función Pública. Recordemos, que atienden sentencias judiciales; que en ocasiones (por no decir siempre) hay conflicto entre los progenitores que allí acuden; que además pueden haber órdenes de alejamiento, y que -lo más importante- los menores están en medio. Desconozco si estos servicios están sujetos a algún tipo de inspección o de control, pero no sé porqué ¿o quizás sí?, cada uno hace lo que considera, quiere o puede. Me parece que no existen criterios metodológicos, educativos y psicológicos que los articulen y hagan de éstos unos centros de referencia.
Vuelvo a repetir que esta breve reflexión puede ser fruto de mi desconocimiento, o no. Pero si alguien te dice que desde un Punto de Encuentro, le sugieren que vaya a rezar a la Virgen de Desamparados porque su situación es compleja. O a un niño, en tono jocoso le dicen que se porte bien o se irá con su papá, habiendo maltrato de por medio, a lo mejor entendéis estas elucubraciones una tarde de viento invernal.
Siendo grave lo que denuncias acerca de la externalización de los puntos de encuentro, adquiere mucha más gravedad si además están gestionados por entidades con una carga ideológica determinada y unos comportamientos en los que se toma partido por una de las partes en conflicto. Según denuncian algunas afectadas en los puntos de encuentro se emiten informes que descansan en conceptos no demostrados científicamente como es el Sindrome de Alienación Parental (SAP). ¿alguien tiene información sobre este tema?
ResponderEliminarArganda, estoy completamente de acuerdo contigo. Hay labores que requieren que las desempeñen funcionarios públicos, alejados de determinados idearios (religiosos o no), independientes, y que se deben al interés general y a los principios constitucionales, y cumplen aquello que determinan las leyes, en este caso el interés del menor.
ResponderEliminarSeria necesario seguir investigando, tanto los puntos de encuentro como los "nuevos síndromes". La asistencia a los menores es invisible en esta comunidad, no sabemos como se está interviniendo en los centros, ni mucho menos que orientaciones terapeúticas se están realizadno.
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