Renta Garantizada de Ciudadanía. La última canallada

No es la primera vez que le dedicamos la atención a una de las medidas que contribuyeron a que se identificara el nuevo Estatut de la Comunitat como una norma sumamente social y era cierto, nada menos que se reconocía en su desarrollo el derecho, de todos aquellos valencianos que no tuvieran recursos, a recibir una renta de subsistencia. Ha pasado el tiempo y ha sucedido lo mismo que ocurre con el resto de las políticas sociales: no interesan al eEjecutivo, la oposición es incapaz de evidenciar la gravedad de los incumplimientos en materia de derechos sociales y la ciudadanía, al menos gran parte de ella, está anestesiada con las mentiras, excusas y justificaciones injustificables. Únicamente la conjunción de este tipo de complicidades permite que en la actualidad los valencianos más necesitados, en mitad de una crisis económica muy grave, sigan sin recibir una ayuda que está comprometida en el Estatut, está reconocida por Ley posterior y garantizada como derecho subjetivo de los valencianos. El Ejecutivo valenciano fue incapaz de gestionar las demandas que le hicieron en el año 2008 y buscó la colaboración de los ayuntamientos con un acuerdo leonino en el que corría a cargo de los municipios todos los gastos de puesta en marcha de estas prestaciones, a pesar de lo cual, han sido numerosos, (cerca del centenar) los municipios que han pensado que “menos da una piedra” y se han apuntado para disponer de recursos para atender a los más necesitados. Pues bien, dicho de forma fina y elegante “cornudos y apaleados”, la práctica totalidad de los ayuntamientos tienen un convenio firmado por el Conseller Cotino con el que pueden hacer papiroflexia ya que no sirve absolutamente para nada, no compromete una sola cantidad económica y sobre todo no ha generado los créditos necesarios para que los ayuntamientos atiendan a los vecinos. Estamos frente a un incumplimiento evidente por parte de la Consellería, y ante una situación extrema de miles de personas en la Comunitat. Pero mientras que los Ayuntamientos no sean valientes y denuncien al Conseller por incumplimiento de contrato y por ser colaborador necesario para que la pobreza crezca en la Comunitat, hasta entonces, no cambiará absolutamente nada y, desgraciadamente, tendremos que añadir a nuestra queja la participación silente de los ediles que están consintiendo esta canallada. Lo más grave de todo es que según las últimas noticias procedentes de la Conselería de Bienestar, confirmadas por los medios de comunicación, ni tienen dinero ni lo van a tener en los próximos meses y hasta septiembre no van a poder hacer frente a los compromisos con los ayuntamientos, eso quiere decir que los demandantes de la renta se van a pasar entre 9 y 11 meses del peor año de la crisis sin recibir una ayuda a la que tienen todo el derecho del mundo, por tanto, parece que no resulta exagerado el calificativo de canallada sino una forma bastante ajustada de identificar a las cosas por su nombre.