Suelo finalizar mis entradas en el blog apelando, a todos aquellos a los que tenéis el detalle de leerlas, a colaborar aportando ideas. Bueno, hoy quiero invertir la tónica y mostrar una idea de la que se ha hablado en los medios desde finales de esta semana -El País; COPE; Levante-EMV -.
Se trata de una iniciativa pionera, llevada a cabo por la empresa pública “Iniciatives Públiques de Gandia, S.A.” dependiente del Ayuntamiento, de la que ya se hizo una prueba piloto en enero pasado, y que éste jueves se multiplicó por cinco, y que según nos cuentan, en estos momentos ya se están estudiando 26 peticiones más. Sin conocer la complejidad de la experiencia, quizás de entrada estas cifras nos parezcan ridículas, pero cuando se dice que se trata de viviendas adquiridas por un Ayuntamiento con fines sociales, la cosa cambia.
De manera sucinta el argumento es el siguiente: ante situaciones de embargo a familias del inmueble en el que habitan y del que son propietarios, porque con sus ingresos no les llega para pagar la letra de la hipoteca, el Ayuntamiento “adquiere” la vivienda en cuestión, y se la cede para su uso, en régimen de alquiler a la misma familia. Todo este juego debe al final otorgar un saldo positivo a alguien, porque de lo contrario, lo que se haría es perder, o a lo sumo “cambiar cromos”, de aquí la originalidad de la idea, porque es capaz de conjugar tres intereses distintos y obtener beneficios para todos: La sociedad, la administración, y la economía. Empezaré por el último:
1.- Los bancos, dada la coyuntura actual, no están por la labor de ejecutar embargos, tienen ya demasiados inmuebles en cartera y prefieren vender su deuda a un tercero, pero como el mercado libre tampoco responde, prefieren apoyar iniciativas como ésta y venderla a una administración con capacidad de endeudamiento y por lo tanto de crédito, que será la que asuma el riesgo (en este caso, al parecer las entidades financieras involucradas son Bancaja y el Banco de Santander), y acogerse seguramente a aquellos beneficios fiscales que pueda dada la finalidad de la operación.
2.- La administración es la que asume el papel de gestora, es la que con su crédito adquiere el inmueble, lo adecua si es necesario, y posteriormente inicia los trámites para su calificación como vivienda protegida destinada al alquiler, recibiendo así todas las ayudas que las administraciones estatal y autonómica tienen destinadas a este fin.
3.- Con esta propuesta, la sociedad no permite que se empobrezcan aún más familias y colectivos ya de por sí pobres, muy sensibles a los vaivenes de la economía (los que si la economía va bien trabajan y si no, no) o a aquellos que sobreviven con rentas no contributivas, que en un momento dado se encontraban con vivienda propia, y que al no poder asumir el gasto mensual que esto supone, corren el riesgo de quedarse en la calle. Con el mecanismo ideado, estos colectivos consiguen pasar de pagar 600€-800€ a 150€- 200€ al mes, seguramente recuperarán algo de liquidez para el patrimonio familiar (no olvidemos que están vendiendo su vivienda, y que la deuda suele ser inferior al valor del inmueble, aunque parte de esta “liquidez” se destinará a bajar el importe de las cuotas mensuales del alquiler) y sobretodo, conservar su casa para su uso de por vida, evitando así otro perverso efecto colateral como sería el problema del desarraigo. En palabras de Ramona, la protagonista de la experiencia piloto “és dur no seguir sent propietària de la pròpia casa, però es consola pensant que hi podrà viure tota la vida i que quan ja no hi sigui "el meu pis passarà a algú que estigui en la mateixa situació que jo".
La iniciativa sólo ha contado con la abstención de dos grupos políticos (PP y Bloc) que han criticado “los criterios para aplicar la medida”, pero en modo alguno la iniciativa en sí.
Lo dicho, los problemas, cuando no hay medios, se resuelven con imaginación, y para no perder la costumbre, se aceptan ideas.
